La Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires fijó un plazo de 30 días para que la Subsecretaría de Atención Ciudadana del Gobierno de la Ciudad, disponga las medidas necesarias a fin de poner en funcionamiento el Sistema Arbitral de Consumo.
La Resolución 2080/10 destaca la falta de respuesta del Ejecutivo porteño, ante las reiteradas solicitudes para que cumpla con lo establecido en la Ley 2963.
Asimismo, subraya que el Poder Legislativo de la Ciudad pretendió, con la sanción de dicha normativa, facilitarles a los consumidores o usuarios que tengan la posibilidad de solucionar sus contiendas de manera fácil, simple y expedita, en un proceso donde participen los distintos actores del sistema.
Por su parte, el defensor adjunto Andrés Elisseche manifestó que “los tribunales arbitrales son una herramienta útil para la solución rápida de los conflictos que se generan a partir de una relación de consumo, ya que que recurrir -como sucede en la actualidad- a otras vías, puede resultar altamente engorroso y de elevado costo”.
Finalmente, la resolución concluye que los tribunales arbitrales de consumo, son una herramienta eficaz para solucionar los problemas ocurridos como consecuencia de las relaciones establecidas entre los consumidores y usuarios y las empresas que proveen bienes o servicios.
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